miércoles, 29 de octubre de 2008

Saneamiento: Asignatura pendiente en Castilla y León (y en Europa)


Alejar la gestión de las infraestructuras de saneamiento de los municipios dispersos. Esto que suena tan radical, es el objetivo que debemos marcarnos. En una reciente e ilustrativa conferencia de Jaime Palop (Ex-Director General del Agua), actual gerente de la Agencia Andaluza del Agua, puso de manifiesto los graves problemas en la gestión de saneamientos en media Europa, con Reino Unido como caso también destacado, y es que, cuando se trata de la inversión y el mantenimiento de estas carísimas infraestructuras, la gestión en pequeños municipios dispersos deja mucho que desear. Mal de muchos no es consuelo de tontos, y hay que entender que cada uno haga lo que pueda.

Dentro de las competencias de los Ayuntamientos, la gestión del abastecimiento y del saneamiento pasa por ser uno de los caballos de batalla, y es que las leyes, con sus exigencias, han ido muy por delante de lo que las administraciones (indluidas las regionales y estatales) han podido afrontar.

Además de los costes de inversión (decenas de millones de euros solo para nuestra provincia), el coste de mantenimiento y explotación, está el coste político. Solo una asunción compartida de todos los gastos por parte de Ayuntamientos, Diputaciones y gobiernos regionales, garantizada durante al menos 10 o 12 años, puede dar estabilidad financiera al mas débil, y también al mas cercano al ciudadano y contribuyente. No nos engañemos, o es que ¿alguien conoce a un munícipe que multiplique por 20 el recibo, y duerma tranquilo?.


Es ahora, en tiempos de crisis, cuando la inversión pública debe tratar de reactivar la economía, y la inversión en este tipo de infraestructuras debe lanzarse. ¿O Castilla y León va a perder la ocasión de obtener los penúltimos fondos europeos?

Seamos claros, tampoco se pueden dotar de infraestructuras de saneamiento a corto (tal vez ni a medio) a todos los pueblos que lo solicitan. Ya es tiempo de ejercer planes integrales a niveles supramunicipales y, porqué no, ceder la explotación y mantenimiento de las mismas, a empresas públicas que a mayor nivel puedan ejercer un intenso control sobre ellas. No seré yo el primer partidario de la privatización ni de la cesión parcial de competencias, pero si de la correcta gestión y servicio al ciudadano, y para eso, hacen falta dinero, infraestructuras, y medios que no tienen los 2.248 municipios de Castilla y León.

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